La jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, ordenó embargos por un total de 156,4 millones de dólares contra petroleras de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que están denunciadas de explorar y explotar hidrocarburos ilegalmente en las Islas Malvinas. Además, decretó el secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a esas compañías.
La medida fue dispuesta tras un pedido de los fiscales Marcelo Rapoport, de Río Grande, Adrián García Lois, coordinador de distrito de Tierra del Fuego, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los funcionarios imputaron penalmente el 21 de abril a las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
Según el Ministerio Público, la imputación fue por la presunta comisión de “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas”, dado que no cuentan “con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina”.
La magistrada fueguina dispuso también el “cese inmediato de la comisión del delito”, lo que implica la interrupción de las actividades que llevan en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios. La orden judicial establece, asimismo, que tanto para el secuestro, como para los embargos y el cese de la operaciones, se deberán librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.
La denuncia fue realizada en un principio por los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, lo que luego motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
El fiscal Rapoport, junto con la titular de la Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, requirió el 1 de junio los pedidos de medidas cautelares patrimoniales para “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados”. Se solicitó el secuestro y embargo preventivo de tres buques dedicados a tareas de relevamiento de datos estratégicos en el Atlántico Sur: el PGS M/V “Ramform Sterling”, PGS “Ramform Titan” y el “Falcon Explorer”, además del “MV Poseidon”, destinado a estudios geoquímicos y de base de líneas ambientales.
La medida abarca, también, a la plataforma semisumergible “Eirik Raude” utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier”, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona, señala el escrito judicial.
Herráez ordenó la “interdicción de navegar” de todos los barcos, con el argumento de que “no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Buques”, y explicó que la restricción “impide la salida (de los buques) de los puertos donde se encuentren”.
Entre otros detalles, la jueza también dio por demostrado que con motivo del anuncio de hallazgo de petróleo y gas en las Islas Malvinas, realizado por la empresa FOGL el 2 de abril pasado, se obtuvo una “ganancia ilícita”. El Ministerio Público Fiscal solicitaron el embargo preventivo de dichas ganancias.
En 2013, el gobierno de Reino Unido rechazó la ley que habilita este tipo de sanciones y reivindicó su soberanía sobre las islas. Las diferencias sobre el tema generaron en abril de este año un nuevo pico en la escalada diplomática cuando Londres convocó a la embajadora Alicia Castro por declaraciones de la presidente Cristina Kirchner en las que denunciaba “provocaciones”. En respuesta, la Cancillería hizo lo propio con el jefe de la diplomacia británica en el país.
Fuente: Infobae.
