La operación de deuda del Gobierno para rescatar los bonos en dólares de las distintas dependencias del Estado a través de la venta en licitaciones dejará liberado el 30% para financiar el gasto del organismo que liquide los títulos.
Si abarcara los u$s 4000 millones fueron anunciados ayer por Economía, el 30 % liquido de la venta, unos u$s 1200 millones, quedarían disponibles para para reemplazar giros presupuestarios de la administración y aliviar las transferencias.
Con el 70% restante, deberán suscribir los bonos en pesos que emita en canje el Tesoro Nacional, de confirmarse el texto de un borrador del Decreto de Necesidad y Urgencia que dictará el Poder Ejecutivo, al que accedió El Cronista.
El 30% de la venta de los bonos se podrá aplicar a objetivos, metas y actividades de cada organismo en el transcurso del ejercicio presupuestario 2023, incluyendo la financiación de inversiones productivas y créditos que motoricen el consumo interno.
Colateralmente, se trataría de una inyección de recursos en un Tesoro ahogado por el objetivo fiscal acordado con el FMI y una fuerte caída de la recaudación del declive de la actividad económica.
El fuego cruzado de la inflación, los menores ingresos por recaudación de impuestos a la exportación, la decreciente actividad por la menor importación de insumos dada la astringencia de dólares y las dificultades para obtener mayor financiamiento interno podrían haber encontrado por esta vía un paliativo en el exigente año electoral.
Desde el aspecto de la absorción de pesos en circulación, de este modo operaría solamente para el 70% del producido de las ventas de los bonos en dólares. Esos pesos sí quedarían absorbidos por la compra de los bonos en pesos que emitirá el Tesoro y quedarán en las cuentas de cada jurisdicción.
Sin embargo, habrá que ver qué sucede con la monetización de ese 30% de las tenencias, que, según el articulado, deberían ir, por el contrario, a expandir el consumo y la actividad.
Qué financiará
En el borrador de DNU, que circuló sin los anexos respectivos, el artículo 4° dispone que, tras las ventas de los bonos en dólares en los mecanismos que se dispondrán, “deberán suscribir títulos públicos nacionales pagaderos en pesos a ser emitidos por el Tesoro Nacional, bajo los términos y condiciones financieras de los instrumentos que determine el Ministerio de Economía, por un importe efectivo equivalente al setenta por ciento (70 %) del producido que reciban por las operaciones de venta de sus tenencias de títulos públicos denominados y pagaderos en dólares estadounidenses“.
Se agrega en el articulado que “el remanente del producido deberá ser utilizado en gastos, inversiones y/o aplicaciones financieras dentro de los objetivos, metas y actividades de cada organismo en el transcurso del ejercicio presupuestario 2023, incluyendo la financiación de inversiones productivas y créditos que motoricen el consumo interno y/o que promuevan la finalidad prevista en el artículo 8°, inciso b) del Decreto N° 897/07 y sus modificatorios“.
Los objetivos fiscales, monetarios y cambiarios
El borrador del DNU dispone en su titulado “que las Jurisdicciones, Entidades y Fondos del Sector Público Nacional deberán proceder a la venta de sus tenencias de los títulos públicos nacionales denominados y pagaderos en dólares estadounidenses“.
Entre sus considerandos promueve que, “con el fin de continuar avanzando en el sendero de disminuir el desequilibrio fiscal es importante continuar con las acciones tendientes a evitar la volatilidad extrema en el mercado cambiario en sentido amplio, dados los efectos contraproducentes que conllevan las subas bruscas en este ámbito sobre la inflación en particular y en la vida económica cotidiana de la población”.
También declara que “en el aspecto financiero es fundamental continuar garantizando por un lado el financiamiento del Tesoro Nacional y, a la vez, la sostenibilidad de la deuda pública, de manera que el Estado Nacional cubra sus necesidades financieras de forma sostenible“.
Para esos fines, se declara que “resulta también crucial fortalecer la consistencia entre la política fiscal y la monetaria, de forma tal de reducir también las presiones cambiarias e inflacionarias, lo cual a su vez permitirá mejorar los salarios reales, las condiciones de vida de la población más vulnerable y mantener el vigor de la actividad económica.
Fuente: El Cronista
