El documento hace referencia a las recientemente creadas Unidades Fiscales especializadas en violencia de género en la provincia de Buenos Aires. En la actualidad estas unidades fiscales especializadas existen en tan solo 7 departamentos judiciales sobre un total de 19.
El OVG señaló que “se les han otorgado a estas Unidades competencias dispares y contradictorias entre sí. Estas fiscalías investigan tanto en cuestiones referidas a la violencia familiar como delitos contra la integridad sexual de los/as niños/as, como abusos sexuales infantiles o maltratos, entre otros temas”.
Además, advirtió que “equiparar temáticas distintas —por ejemplo la violencia contra las mujeres con la violencia contra la integridad física y sexual de los/as niños/as— obstaculiza la posibilidad de llevar a cabo investigaciones imparciales y tendientes a visibilizar los contextos de violencia de género en que se producen los hechos.”
En este sentido, el OVG propuso la creación de al menos una Unidad especializada en delitos de violencia contra las mujeres, en cada departamento judicial de a cargo de operadores judiciales que acrediten una reconocida trayectoria y adecuada capacitación en materia de género.
Otros de los puntos señalados por el OVG es la inexistencia de representación jurídica gratuita de mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito penal, quienes quedan por fuera del proceso penal, en un estado de indefensión frente a las distintas resoluciones que se van adoptando.
Por este motivo, el Observatorio planteó la necesidad de crear un cuerpo de profesionales dependientes del Ministerio Público para representar judicialmente y en forma gratuita a las mujeres víctimas de violencia y de los familiares de aquellas mujeres que han sido asesinadas en contextos de violencia de género.
Por último, se propuso ante la Procuración General la Creación de Defensorías Penales Especializadas para mujeres imputadas o co-imputadas, tanto si se tratase de mujeres adultas como en el ámbito del Fuero de Responsabilidad penal Juvenil.
“Estas defensorías resultarían necesarias entonces para visibilizar las estructuras basadas en el género que fundan las leyes penales; para visibilizar y jerarquizar el derecho de las mujeres y sus vínculos; para fundar con especialidad determinados pedidos de medidas alternativas a la prisión preventiva y ejecución de la pena”, indicaron desde el OVG.
