El proceso de constatación de las faltas y la sustanciación del expediente administrativo comenzó en febrero de 2020 y está compuesto de numerosos informes técnicos de especialistas y múltiples auditorías trimestrales con observaciones e intimaciones no resueltas.
La falta de inversión e implementación de un plan sistemático de mantenimiento, derivó en el paulatino deterioro de las instalaciones y el equipamiento, circunstancia que fue elevando gradualmente las posibilidades de siniestralidad hasta desembocar en las graves circunstancias actuales que fundaron sólidamente la decisión del Consorcio.
Los informes mencionan que el déficit de mantenimiento sobre los brazos cargadores genera condiciones de trabajo inseguras para los operadores, así como riesgo de derrame; agregando que la falta de mantenimiento general de las salas de bomba de agua que surge de los informes técnicos puede provocar riesgo de incendio afectando a las personas e instalaciones. En tanto señala problemas en la sala de Red de Lucha contra Incendio, la cual, si bien cuenta con medidas redundantes, genera riesgo en las operaciones. Asimismo se observaron fallas en los procedimientos de trabajo de la empresa y sus controles de seguridad que pueden derivar en situaciones de riesgo que afectan a las instalaciones y a las personas.
Tales afirmaciones categóricas obligaron a analizar la cuestión de la seguridad en forma autónoma por cuanto el paulatino deterioro de las instalaciones y la disminución de su vida útil que resulta de los informes técnicos de referencia, no solo representa un perjuicio al conjunto de bienes otorgados en tenencia a la empresa concesionaria, que pertenecen al dominio de la provincia de Buenos Aires, sino también un peligro a la vida de las personas y el medioambiente que no puede ser tolerado por este ente administrativo.
Asimismo, con la información aportada hasta el momento por la concesionaria tampoco se ha podido constatar que las inversiones comprometidas en su oferta en concepto de gastos por mantenimiento hayan sido cabalmente ejecutadas, lo cual se suma a la falta de un plan integral de mantenimiento y la falta de coordinación y supervisión sobre las tareas de los trabajadores.
Ante esta grave situación el Directorio procedió, por decisión unánime, a rescatar con urgencia la instalación portuaria, cumpliendo con su misión de velar por la seguridad de la comunidad, el ambiente y el patrimonio y funcionamiento del puerto de Bahía Blanca.
Es clara la actitud llevada adelante por Energen S.A desde que fue intimada a cumplir sus obligaciones contractuales en donde lejos de mostrar una conducta diligente optó por efectuar contestaciones esquivas, difundir falacias, difamaciones y generar situaciones de conflicto que le sirvan de argumento para disimular su propia incapacidad de llevar adelante en forma exitosa el contrato. Este desempeño impulsado por el titular de la firma, Marcelo Álvarez, sólo buscó prolongar indefinidamente una situación de incumplimiento constante por la que deberá responder ante la justicia y a cuya intención extorsiva este Directorio no cedió ni cederá.
