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En el marco del proceso de desburocratización que encabeza el ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, y que responde al Plan de Modernización del Estado, se estableció una nueva estructura arancelaria en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que reduce los trámites obligatorios para los productores y los aranceles de forma drástica.
Tal como se define en la Resolución 12-E/2018, publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial, se estableció la reducción de 280 a 199 los trámites obligatorios, mientras que los aranceles correspondientes a dichos servicios se redujeron de 1141 a 475. Esto significa cerca del 60% de los aranceles.
Se trata de una segunda etapa en el proceso de simplificación y reorganización administrativa, que implica modificaciones en pos de facilitar a los usuarios la selección de trámites y promover la gestión en línea. «Significa un claro avance en nuestro objetivo de desburocratización, al simplificar los trámites al productor, respondiendo de este modo a un pedido y una necesidad del sector de disminuir tiempo y recursos en la realización de trámites», destacó Etchevehere, que agregó que «a partir de esta segunda etapa que se implementa se simplifica en más del 60% la cantidad de aranceles permitiendo una reducción de aproximadamente 700 aranceles», sostuvo. Entre la readecuación se incluyen reformulaciones de códigos de tasas, aranceles y trámites en general del Senasa, para facilitar la capacidad de respuesta.
La desburocratización fue una de las premisas con las que asumió el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) al frente de la cartera de Agroindustria. En su presentación, hacia fines del año pasado, habló de tres ejes que marcarían su gestión entre los que se incluía «simplificar la vida a los productores», además de trabajar en la competitividad vía mesas sectoriales y abrir nuevos mercados, siempre en un marco de «transparencia, eficiencia y austeridad».
En un comunicado expresó que cada prestación de la nueva base arancelaria se fijó siguiendo el criterio de equidad en las cadenas agroalimentarias expresando en una única estructura los trámites y sus aranceles correspondientes, lo cual produce beneficios tanto para el organismo como para el usuario del servicio.
La resolución también establece un monto diferencial del 35% para los aranceles correspondientes al registro de bioinsumos, con el fin de fomentar su producción y uso, teniendo en cuenta que son herramientas consideradas que mejoran la productividad agropecuaria, el desarrollo sustentable y el agregado de valor en origen.
Además, la norma mantiene la eximición de aranceles, otorgadas a personas humanas o jurídicas y regla tal beneficio para los productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF) y que participen dentro de los programas sanitarios del Senasa.
Fuente: El Cronista
