En agosto de 2015, cinco meses después de que la Corte Suprema de Brasil autorizara la investigación contra 49 funcionarios brasileños por el escándalo de Petrobras, la ONG de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional lanzaba un comunicado advirtiendo que buscaría ramificaciones en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
En Argentina no encontraron nada. Según Pablo Secchi, de la organización asociada a Transparencia Internacional Poder Ciudadano, el motivo fue la falta de unificación de la información: “Pedimos a la Procuración un listado de las empresas involucradas pero nos dijeron que sólo había una denuncia penal sobre Petrobras, en el juzgado nacional penal económico número dos. Como los delitos están caratulados por personas físicas, es muy complicado rastrear por el sistema de la Procuración el nombre de las empresas involucradas en casos de corrupción”.}
Aunque ese camino se cerró, el caso terminó repercutiendo en Argentina. En diciembre, el diario Folha de S. Paulo se hizo eco del testimonio de un arrepentido brasileño que involucraba en el caso Petrobras a la empresa Electroingeniería, de empresarios amigos del kirchnerismo, al ex ministro Julio De Vido y al ex ministro menemista Roberto Dromi, por la adquisición de Transener en 2006.
Según el arrepentido, había habido una operación para impedir la venta de Transener, entonces propiedad de Petrobras, a un grupo empresarial estadounidense que estaba interesado en la empresa. El objetivo era que fuera a parar a manos de empresarios argentinos también interesados en la compañía
Finalmente en 2007 Petrobras vendió su participación accionaria a Transener, por u$s54 millones. Los compradores fueron Enarsa y la privada Electroingeniería.
Tras la declaración del arrepentido, la diputada Elisa Carrió denunció penalmente al ex ministro De Vido en enero.
“Cerveró habría afirmado que tanto él como Soares recibieron 300.000 dólares por las gestiones que realizaron en 2007 para la venta de la compañía argentina de transmisión eléctrica Transener, que dependía de Petrobras, a una tercera empresa”.
Hace apenas unas semanas el caso Petrobras hizo saltar el nombre de otro sospechoso habitual, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, y el de uno de sus principales asesores, Manuel Vázquez.
La Policía Federal de Brasil los acusó de haber recibido pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obtener las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Fuente: Iprofesional.
