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Federación Agraria Argentina cuestionó la forma de tratar la Ley de Humedales

Advirtió sobre las consecuencias de un debate “apurado” por cuestiones políticas

La Federación Agraria Argentina (FAA) cuestionó hoy la forma en que se está llevando adelante el tratamiento de la Ley de Humedales y advirtió que un debate “apurado” por posicionamientos políticos puede traer consecuencias en otras áreas.

“No hay dudas de que hay que dar una solución ante los incendios y otras cuestiones vinculadas con la protección de los humedales, sin embargo como entidad estamos convencidos de que no se trata de dictar nuevas leyes ni de hacer un uso oportunista o político de este tema”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.

En esa línea sostuvo que “los humedales son un recurso fundamental no sólo a nivel ambiental, sino también socio económico, cultural y productivo, por lo que cuando se legisla sobre el tema hay que considerar esa complejidad, para no tomar una medida que sólo persiga un posicionamiento político”.

La entidad afirmó que “en lo inherente al manejo de fuego y protección del ambiente, hay diversas leyes, vigentes y adecuadas, como la 25675 (general de ambiente), 25335 (ratificación del convenio RAMSAR), 25688 (gestión ambiental de aguas), 26815 (manejo del fuego) y 26652 (quemas controladas)”.

“El problema más grave que tenemos como país es que el Estado no cumple adecuadamente sus obligaciones de contralor y aplicación fehaciente de esas normas”, enfatizó FAA.

La entidad afirmó que “avanzar hacia una contaminación normativa, resultante de apuros políticos y no de un abordaje serio e integral de estos ecosistemas, no es una buena alternativa, pues en lugar de solucionar problemas crearán otros”.

Al respecto, FAA destacó la importancia de que el Estado Nacional y los estados provinciales avancen en la fehaciente aplicación y observación de esas normas, así como también que se termine con los abordajes facilistas que buscan demonizar a los productores agropecuarios.

La entidad remarcó que “alrededor de un 20% del territorio de nuestro país entra en la denominación de humedales. El impacto de nuevas legislaciones será crucial, por lo que los debates o posibles nuevas normas deben darse con total seriedad y comprendiendo el impacto real”. (NA).