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Otra de las certezas que hay es que a ese nuevo organismo del Estado lo manejará Iñaki Arreseygor, un abogado que trabajó en estudios jurídicos corporativos, en la gestión porteña y que por estos días renunció como subsecretario de Vías Navegables para asumir su nuevo cargo. La agencia que nació tendrá autarquía financiera y que quedará en el organigrama del Ministerio de Economía que maneja Luis Caputo.
En la Casa Rosada coincidían en que había funciones y tareas que se superponían entre las dos reparticiones. Y por eso, la fusión. La pregunta, entonces, es si se tratará de un simple cambio de nombres o, por el contrario, si implica una reducción efectiva de los pliegues del Estado.
Como se detalla en la norma oficial, además de ser un lugar que podrá asesorar al Presidente en los temas que atañen a la cuestión portuaria, la Anpyn tendrá a su cargo todo lo relativo a la hidrovía, uno de los proyectos de privatización mas avanzados que tiene la Casa Rosada. De hecho, la licitación está lanzada y el último plazo que se concedió para realizar las ofertas es a mediados de febrero. “Ejercer el carácter de concesionario de la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior (…) hasta tanto tome posesión quien o quienes resulten adjudicatarios de la licitación pública”, dice el decreto. Inmediatamente después, establece que una vez que ya haya un concesionario por 30 años, tal como lo establece la licitación, la nueva agencia será la autoridad de aplicación del contrato.
En principio, los créditos presupuestarios y los agentes dependientes de las dos reparticiones fusionadas pasarán a la nueva gerencia. Nada se conoce respecto de qué será de la planta de empleados actual.
El poder sobre el puerto porteño
Pero más allá de lo que suceda en el río Paraná, la Agencia heredará de la extinta Administración General el control sobre el puerto de Buenos Aires. Se trata no sólo de lo regulatorio sino también de la administración y disposición de los bienes que están afectados a la zona ribereña. De hecho, esta era la única función que le quedaba al viejo organismo. Sucede que el Puerto de Buenos Aíres es el único que está en manos nacionales ya que el resto son manejados y regulados por las administraciones de las provincias. “Administrar el Puerto de Buenos Aires y los bienes inmuebles que integran la jurisdicción del puerto nacional”, dice uno de los anexos que acompañan el decreto.
Sin embargo, hay una enorme duda de quienes operan esta terminal: qué pasará con los contratos de las terminales portuarias. En principio, más allá de ser administrador, no aparece la palabra “concedente”. Esos contratos de concesión, cuyo plazo fue prorrogado hasta 2027 a menos de tres meses de terminar la gestión de Alberto Fernández, y contó con el aval del entonces ministro de Economía Sergio Massa, están fuertemente cuestionados por varios actores del puerto. A esta mirada atenta se suma el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pretende esa jurisdicción para administrarla, como sucede con todas las provincias. En principio, la Agencia tendrá el manejo de la ribera de porteña. Un anexo con los bienes que pasan al nuevo organismo acompaña el decreto, y tiene 240 páginas.
Al frente de la nueva agencia quedará Iñaki Arreseygor, que se venía desempeñando como subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Arreseygor responde a Caputo y estaba a cargo de la licitación de la Hidrovía.
Para el Gobierno, la AGP era un “antro de corrupción y privilegios”, según sostuvo el portavoz Adorni. “Se eliminarán entes y áreas con idénticas funciones, se reducirá un 79% del personal y se venderán inmuebles y activos innecesarios. La cúpula directiva de la AGP será completamente removida”, agregó el funcionario. (LA NACION / LA POLITICA ONLINE) #NUESTROMAR
