Si queda espacio para las buenas intenciones, ésta sería la mejor. El Estado, las empresas y los gremios de la actividad naviera acordaron crear una comisión tripartita para lograr «un urgente consenso» sobre cómo dotar de competitividad a la marina mercante argentina. «Es esto o desaparece la flota argentina», espetó uno de los representantes de los armadores.
Las urgencias son compartidas. Los gremios reclaman políticas preocupados por las fuentes laborales y las empresas porque quieren recuperar negocios. El Gobierno, en tanto, es más nuevo en el tema: lleva seis meses en el poder pero Macri les bajó línea a su gente para que solucionen la falta de competitividad del sector antes de octubre.
El Estado es quien más representantes debería tener en esa mesa: desde la AFIP y su política tributaria hasta Energía por el costo del combustible naval pasando por Prefectura y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables para analizar, a fondo, si no hay alguna normativa por ahí colgada que inocentemente bloquea el libre fluir de los negocios.
Todos debieran sincerarse respecto de por qué la flota argentina es la más costosa en la región. Todos deberán hacer concesiones.
Si a las empresas les piden, de manera histérica ya, que bajen sus costos, ellas probablemente respondan con numerosas tablas de los principales componentes de costos comparadas con las de terceras flotas regionales. Allí saltarán diferenciales de combustible, de impuestos a las ganancias y los ingresos brutos, y de dotación de embarcados (aquí su argumento será el clásico que dice que los gremios «trabajan 5 meses y cobran 13»).
¿Querrán los gremios «dialogar» sus francos? En poco más de 10 años la relación franco/día navegado pasó de 0,2 a 0,8.
¿Querrá el Estado marcar la diferencia con este sector y tomar las decisiones que reclaman? Porque, si de competitividad se trata, las asimetrías que afectan a la actividad tienen en el propio Estado al mayor de los responsables. Y tampoco hay que «diferenciar» demasiado: de eso ya se encargó, y lo suficiente, el gobierno anterior que se doctoró en subsidios a todo tipo de transporte, menos al que va por agua. Dicen los actores que desde el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, hasta el de Trabajo, Jorge Triaca, hay ánimo de estudiar propuestas y emprender todas las acciones necesarias para impulsar la actividad. Toda la actividad, y su cadena de costos, impacta en el consumidor, por un lado, y en el productor, por el otro.
Al final del día, sobre la mesa naviera estarán puestos los platos de las buenas intenciones. Los comensales esperarán su proteica ración de decisión política. Alguien deberá servir.
Fuente: La Nación
