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La nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones propuesta por el Gobierno deja de lado la inflación y prevé subirlas según el alza de salarios y la recaudación de la Seguridad Social de la ANSeS.
La fórmula propuesta no establece compensación alguna por la pérdida de haberes jubilatorios durante 2018 y 2019, y durante 2020, que afectó a jubilaciones medias y más altas.
Así surge de los detalles del proyecto difundido por el organismo previsional a cargo de Fernanda Raverta, que ya genera rechazos entre la oposición por no tomar en cuenta el costo de vida.
La iniciativa prevé que los futuros aumentos se otorgarán cada 6 meses, sobre la base de índices que tomarán en cuenta la recaudación y los salarios registrados de entre 3 y 9 meses antes.
El proyecto no garantiza que los aumentos de haberes sean superiores a la inflación.
El proyecto de ley fija que los incrementos se aplicarán dos veces por año, en marzo y septiembre, como rigió entre 2009- 2017.
El aumento de marzo se basará en las variaciones de los salarios formales (RIPTE) y la recaudación tributaria de la Seguridad Social por beneficiarios que se produjeron entre julio y diciembre del año anterior.
El de septiembre, por lo que pasó con esas dos variables entre enero y junio, con un agregado: se comparará el índice salario- recaudación con la recaudación total de la ANSeS por beneficio de los últimos 12 meses, incrementada en un 3% y de ambos se elegirá el menor.
De este modo, aunque la fórmula toma en cuenta salarios formales, recaudación tributaria y padrón de beneficios, finalmente la recaudación total de la ANSeS, por beneficiarios, fijará el límite de los aumentos de haberes.
«Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017», indicó el Gobierno.
Si los gastos no podrán crecer más que los recursos, no habría garantía de que los jubilados y pensionados puedan mantener como mínimo el poder adquisitivo de sus haberes.
De esta forma, las jubilaciones y pensiones pasan a ser una de las variables del «ajuste» fiscal y previsional, lo que constituiría la piedra angular del proyecto, porque es lo que le permitirá al ministro de Economía, Martín Guzmán, sentarse a negociar con el FMI.
Para calcular la variación de los salarios se tomará exclusivamente el RIPTE y no el RIPTE o el Índice de salarios del INDEC, «de ambos el mayor», como fijaba la fórmula de 2009- 2017, y que potenciaba la variable salarial de la fórmula.
Con el último aumento de septiembre, en los últimos tres años, las jubilaciones y pensiones mínimas tuvieron una pérdida del 14,8% y las más altas un retroceso del 21,8%.
Las pérdidas afectaron a casi seis millones de beneficiarios de este tipo de haberes, así como 1,6 millones de pensiones no contributivas y otros 170.000 de beneficios de adulto mayor.
El Gobierno garantizó durante su gestión aumentos por decreto, sumados a tres bonos extraordinarios, lo que permitió que las prestaciones mínimas recuperaran un 5,4% de su poder adquisitivo. (NA).
