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La Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó al buque pesquero Coimbra, de bandera portuguesa, operando ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). El hallazgo se produjo a la altura de Cabo Dos Bahías, en la provincia de Chubut, mediante el Sistema Guardacostas. La Autoridad Marítima Nacional confirmó que el arrastrero realizaba maniobras de captura sin autorización, infringiendo el Régimen Federal de Pesca en el marco de la política de «tolerancia cero» contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
El navío había zarpado del puerto de Montevideo el pasado 25 de febrero y se encontraba en la zona de pesca desde finales de ese mes. Según los registros de la plataforma desarrollada por la Fuerza, el Coimbra ingresó aproximadamente 700 metros dentro de la jurisdicción nacional manteniendo una velocidad promedio de 4,9 nudos. Este comportamiento configura una presunta infracción a la Ley Federal de Pesca (N° 24.922), al no contar con autorización para operar en aguas argentinas.
La detección se realizó mediante el Sistema Guardacostas. Fuentes de la Prefectura Naval Argentina indicaron que los patrones de velocidad y desplazamiento del buque, previos y durante su ingreso, resultan “compatibles con una operación de pesca por arrastre”, lo que permitió avanzar con la imputación sin necesidad de abordaje físico.
El caso se enmarca en el nuevo protocolo de control digital implementado en 2026, que otorga validez jurídica a las pruebas obtenidas por medios satelitales.
Fuentes oficiales explicaron que “la detección electrónica y el seguimiento de la velocidad de navegación ahora tienen validez jurídica para sancionar”, lo que marca un cambio respecto de operativos anteriores, donde era imprescindible la persecución en alta mar.
Tras confirmar la infracción, la Prefectura notificó al capitán del Coimbra por radiofrecuencia e inició un sumario administrativo ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. Como consecuencia, el buque podría enfrentar multas que, según la normativa vigente, superarían los 1.000 millones de pesos, además de restricciones para operar en puertos de la región. (Fuente: Perfil).
