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La Cámara de Diputados no detendrá su marcha el próximo 30 de noviembre cuando finalice el período de sesiones ordinarias y seguirá trabajando sin interrupciones todo el verano, con una agenda nutrida de proyectos.
Con el interrogante sobre qué sucederá con el proyecto de ley de aborto legal y el varias veces postergado aporte a las grandes fortunas, el oficialismo necesita aprobar antes de fin de año el nuevo índice de movilidad jubilatoria, que reemplazará a la suspendida fórmula de Cambiemos.
Según anticipó la comisión especial mixta en un minucioso informe, la propuesta es regresar al sistema kirchnerista que rigió entre 2008 y 2015, que calculaba las actualizaciones de los haberes a partir de un promedio entre la recaudación y el índice de variación salarial.
Antes de fin de año también necesita sancionar el nuevo consenso fiscal y la reforma tributaria: los tres proyectos están en la última etapa de revisión en el Ministerio de Economía e ingresarían a la Cámara baja en un muy corto plazo.
El proyecto que crea un aporte «solidario y extraordinario» a las grandes riquezas, y que para la oposición significa un «impuesto a los ricos», tiene dictamen hace semanas pero fue congelado porque se está analizando la posibilidad de que la mayor carga impositiva sobre los patrimonios más altos quede absorbida en la reforma tributaria.
Con la decisión del Gobierno nacional de pasar en el territorio del AMBA de la fase de aislamiento a la de distanciamiento social obligatorio, queda en suspenso saber qué sucederá con el sistema remoto de funcionamiento de la Cámara de Diputados, especialmente a partir del 30 de noviembre que es cuando vence el actual protocolo.
El oficialismo desea mantener el sistema de funcionamiento a distancia al menos para el trabajo de comisiones, ya que consideran que ese sistema le permitió a la Cámara baja la posibilidad de mantener un mayor ritmo de reuniones a lo largo del año, sin necesidad de perder tiempo en logísticas de viaje para que los representantes del Interior viajen a Buenos Aires.
Para antes de fin de año, el oficialismo intentará negociar con Juntos por el Cambio la realización de dos sesiones para aprobar iniciativas que ya tienen dictamen de comisión, por lo general consensuados, en temas relacionados a la conectividad, salud y educación.
La agenda viene siendo discutida en una mesa de trabajo que integran la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau; la secretaria parlamentaria del oficialismo Cristina Álvarez Rodríguez junto con la también secretaria parlamentaria de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato.
En el temario ingresaría el Plan Nacional de Conectividad con prioridad educativa, que fija el acceso a Internet como derecho humano y servicio universal, y el dictamen sobre el proyecto «Estrategia integral para el fortalecimiento de las trayectorias educativas».
También podría recibir luz verde para ingresar al temario de alguna de las sesiones ordinarias el proyecto que obligaría a los bancos a acreditar automáticamente en las cuentas de comercios los montos por las operaciones realizadas con tarjetas de débito.
A su vez, también se baraja la opción de incluir en la agenda la denominada «Ley Yolanda» que establece una capacitación obligatoria en ambiente y desarrollo sostenible, y la iniciativa que busca regular el acompañamiento familiar o de personas allegadas a pacientes internados en aislamiento en el marco de la pandemia de Covid-19. (NA).
