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El Gobierno ya tiene listo para enviar al Congreso el texto de un proyecto de ley que reformula el rĆ©gimen de riesgos del trabajo para intentar contener el constante avance de la litigiosidad contra el sistema, fenĆ³meno que acumula un stock de mĆ”s de 350.000 juicios en los Ćŗltimos tres aƱos y supone un costo laboral de mĆ”s de u$s5.000 millones, segĆŗn las estimaciones oficiales.
El eje central de la iniciativa elaborada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que lidera Gustavo MorĆ³n, en consenso con los principales actores del sistema, establece que serĆ” el fuero federal de la Seguridad Social y no el fuero Laboral, como ocurre en la actualidad, el Ć”mbito jurisdiccional en el que deberĆ”n dirimirse las controversias vinculadas a accidentes o enfermedades laborales.
Ā«Se buscarĆ” ratificar la pertenencia del Sistema de Riesgos del Trabajo al rĆ©gimen de seguridad social, de indiscutible contenido federal, para resolver los factores negativos de la litigiosidadĀ», explicĆ³ MorĆ³n acerca de los alcances de la reforma que promueve el Ejecutivo y cuyo envĆo al Congreso serĆ” definido prĆ³ximamente por el presidente Mauricio Macri.
La preocupaciĆ³n de la SRT tiene sus argumentos en la aceleraciĆ³n que registrĆ³ la industria del juicio tras la reforma de 2012, con un incremento promedio interanual de 15% en la cantidad de demandas y mĆ”s de 350.000 juicios acumulados en los Ćŗltimos tres aƱos, lo que supone un costo laboral estimado en torno a los u$s5.000 millones. Para las empresas se trata de una inquietud permanente por el impacto del aumento de la litigiosiodad en los precios que pagan por la contrataciĆ³n de seguros de accidentes.
Si bien en promedio el costo de la cobertura alcanza al 3,4% de la masa salarial, en algunas actividades, regiones o empresas esa tarifa puede llegar a triplicarse. En esos casos, la mitad del precio de los seguros se justifica por el incremento en la cantidad de juicios contra el sistema.
El Gobierno comparte la misma preocupaciĆ³n y hasta alerta que, de mantenerse los actuales niveles de litigiosidad, el sistema colapsarĆ”. Ā«No se pueden seguir trasladando mĆ”s costos laboralesĀ», enfatizĆ³ MorĆ³n durante una entrevista en El Cronista.
El superintendente explicĆ³ que, junto al cambio de jurisdicciĆ³n hacia el fuero de la seguridad social, el proyecto de ley elaborado por el organismo se propone solucionar los problemas de procedimiento que enfrenta el sistema, como la resoluciĆ³n institucional por la vĆa administrativa, a travĆ©s de las comisiones mĆ©dicas.
Al respecto, destacĆ³ que actualmente el 70% de las contingencias amparadas por la ley se reclaman a travĆ©s de juicios laborales que evitan la obligatoriedad de la intervenciĆ³n previa de las comisiones, situaciĆ³n que Āen su opiniĆ³nĀ Ā«conspiraĀ» contra los trabajadores.
Ā«Que el ciudadano vea que el sistema da respuesta genuina y no se vea obligado a ser rehĆ©n de una industria del juicio que conspira contra Ć©l y la viabilidad del sistemaĀ», enfatizĆ³.
Por otra parte, MorĆ³n adelantĆ³ que la SRT buscarĆ” consolidar el aspecto federal del sistema para avanzar en la igualaciĆ³n de derechos de los trabajadores y a la par Ā«resolver inconsistenciasĀ» por el doble rol de las provincias como Ā«responsable del control de las condiciones de trabajo en el sector privado y responsable-empleador de condiciones de trabajo de sus propios trabajadoresĀ».
Con ese objetivo, el organismo promoverĆ” una ley convenio que requerirĆ” de la adhesiĆ³n especial de las Legislaturas provinciales, en la apuesta de Ā«sentar las bases de una alianza sĆ³lida entre NaciĆ³n y Provincia para que la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sea una cuestiĆ³n de EstadoĀ», explicĆ³ a El Cronista.
Para avanzar con los cambios, la conducciĆ³n de la SRT consensuĆ³ los aspectos centrales de la reforma con representantes del sector empleador, con referentes de las principa les centrales sindicales y con las autoridades de la UniĆ³n de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART).
Fuente: iProfesional
