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«No sabemos cuántas armas tenemos. No sabemos si nos están faltando. Nos encontramos con que no existe un registro oficial». La frase de Natalia Gambaro –nueva titular del Renar- expone la sorpresa y la preocupación de la nueva administración nacional por las gravísimas fallas de control que encontraron en el ente donde deberían estar registradas todas las armas.
El desmanejo pone la mira en el gobierno anterior, que le había dado esa responsabilidad a Matías Molle, un dirigente de La Cámpora que estaba encargado del organismo. El problema se agrava porque los datos existentes no están digitalizados sino escritos en libros de papel, lo que genera una montaña de fotocopias y las consecuentes dificultades para encontrar la información.
Entre 2007 y 2015, el Renar recibió unas 300.000 armas en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego que impulsó el kirchnerismo. Además sumó otras provenientes de secuestros judiciales. Sin embargo, hay serias sospechas de que muchas fueron desviadas al circuito ilegal.
Las alarmas se encendieron cuando un delincuente fue detenido en el conurbano bonaerense y al revisarlo encontraron un revolver que debía estar en poder del Renar. Casualmente (o no), hace tres años desaparecieron 200 armas que estaban en el depósito que el organismo tenía en la sede central de la calle Bartolomé Mitre. Ese episodio motivó una investigación judicial y ahora se conoce la preocupación del nuevo gobierno nacional.
«Hay un limbo administrativo. No tenemos ningún tipo de registro de muchos expedientes. No tenemos sistema de trazabilidad que nos permita saber dónde está tal o cual expediente», explicó Gambaro en declaraciones al diario La Nación.
«Hay 20.000 expedientes a los que no podemos darles respuesta porque no tenemos manera de saber dónde están y, mucho menos, de saber por qué están demorados», apuntó la titular del Renar.
La preocupación tiene otro motivador: la discrecionalidad con la que presuntamente se otorgaban permisos de portación de armas. En ese sentido, el dato es que no encuentran libros entregados por los clubes de tiro en los que debería estar información sensible sobre la expedición de licencias.
Un ejemplo concreto de esta realidad es la facilidad con la que renovaron sus permisos los hermanos Martín y Christian Lanatta (los hombres que tuvieron en vilo a la nueva administración tras fugarse de la cárcel) Ibar Pérez Corradi (presunto cerebro intelectual del triple crimen de General Rodríguez) y Mario Segovia, conocido como el «Rey de la efedrina».
Fuente: Infobae.
