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Iniciamos analizando una reivindicación antigua por parte de Punta Alta, la autonomía portuaria, la cual nunca se pudo concretar, a pesar del trabajo y esfuerzo de algunas personas, movidas por intereses diversos.
Cuando decidimos reabrir este expediente fuimos muy conscientes de que no podríamos avanzar sin un análisis profundo de la situación y de cómo ese «puerto autónomo» podría sostenerse económicamente en el tiempo y, de ese modo, generarle trabajo a la ciudad.
Fue necesario analizar las posibilidades administrativas brindadas por nuestra provincia e ilustrarse de las legislaciones vigentes: Ley de Puertos 24.093, Ley 11.206 (Transferencia de Ptos. de Nación a Provincia), Ley 22.415 (Código Aduanero) – pensando en un posible Puerto Franco o Área/Subzona Franca – , también las Leyes 24.331 (Zonas Francas), 12.313 (Creación del Ente Zona Franca Bahía Blanca – Coronel Rosales) y, por último, la Ley N° 11.414. La misma creó al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, otorgándole la recaudación de la tasa por uso de vías navegables, de todos los barcos que ingresen a la ría de la bahía Blanca, excluyendo del ingreso económico de ese tributo a Pto. Rosales e inclusive a la Base Naval, ambos con importante porcentaje de frente costero en la citada ría.
En este proceso de elegir el mejor modelo administrativo para nuestro puerto mantuvimos innumerables conversaciones con talleristas, trabajadores, pescadores, armadores, proveedores, concejales, empresarios, comerciantes, transportistas, prensa, asesores portuarios, oficiales y suboficiales de la Armada, profesores universitarios, delegados portuarios y presidentes de otros puertos, sectores sindicales, entre otros.
Participamos activamente de la Visión Portuaria 2040 del Puerto de Bahía Blanca para poder vislumbrar una adecuación y sincronía con ese puerto y su planificación a largo plazo.
Organizamos y mantuvimos reuniones con el Consejo Consultivo, con la cúpula de la Base Naval y Arsenal, entendiendo que debemos trabajar más en conjunto, respetando las jurisdicciones y funciones específicas de cada organismo.
Hicimos parte de las reuniones de la Mesa Productiva, entendiendo que el producido económico portuario de los dos últimos años fue muy significativo para el Municipio.
Como conclusión de todo lo citado, desarrollamos algunos formatos administrativos para llegar a la «autonomía» reivindicada hace décadas por los puntaltenses; tales como, autarquía, municipalización, modelo mixto, agencia, sociedad de derecho privado y ente.
Todo este ejercicio de planificación y organización nos adecuó mejor para entender que, definitivamente, deberíamos sumarnos al proyecto provincial, de establecer entes de derecho público no estatal para los puertos de administración provincial, como los proyectados para los puertos de Dock Sud y San Nicolás.
En este modelo, la Entidad de Derecho Público no Estatal Puerto Coronel Rosales, tendría prerrogativas públicas indispensables al desenvolvimiento de las tareas que se les encomiendan en todo el sector portuario provincial:
a) Ejercer evaluación y selección de emprendimientos y tareas.
b) Controlar a las actividades que se desarrollen en este ámbito.
c) Fiscalizar todos los trabajos que se desempeñen, de acuerdo a la legislación y a las disposiciones de los contratos de concesión que estén vigentes.
d) Administrar las inversiones del Estado en adecuación o mejoramiento de infraestructuras.
e) Fiscalizar y asistir permanente a las inversiones del Privado para la mejoría o renovación de la infraestructura en los espacios concedidos.
f) Buscar un equilibrio competitivo dentro del ámbito portuario.
g) Optimizar la actividad desarrollada entre el concesionario y sus usuarios directos (e indirectos), en la intención de alinear el interés público y privado a favor del desarrollo del modelo productivo, local y regional.
h) Cumplir ordenamientos y lineamientos del sector con fines provinciales y nacionales.
Para todo este entendimiento, contamos con fundamental ayuda de los actuales presidente y director del Ente Zona Franca, Lisandro Ganuza y Gustavo Bellozas; asimismo el apoyo de los abogados Víctor Colace y Miguel Donadío del Pto. de Bahía Blanca, el administrador de la Aduana Federico Baiges, el delegado de Migraciones Alejandro Meringer, de los Prefectos Gustavo Vera y Gabriel Cartagenova, de los abogados ediles Pablo Pujol y Nicolás Aramayo, del director del pto. de Mar del Plata Lic. Miguel Sánchez y del secretario general del CIC, Capitán de Ultramar Jorge Metz.
Sumamos a lo citado los aportes profesionales del presidente del puerto de La Plata Ing. José Dodds y de los delegados de los puertos del Dock Sud y San Nicolás, Alejandro Semmartin e Ignacio Mateucci.
En el mismo tenor, destacamos la participación en los debates y contrapuntos de los empleados de planta permanente del puerto, en especial la del gerente Rodrigo Aristimuño.
El intendente Lic. Mariano Uset ha puesto toda su capacitación e injerencia provincial, al servicio de poder obtener una administración portuaria con la autonomía económica más adecuada para nuestra ciudad.
El proyecto del decreto del consorcio ya está en los Organismos Provinciales.
