El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes con prisión preventiva al empresario Lázaro Báez y al contador Daniel Pérez Gadín en la causa por presunto lavado de dinero con fondos públicos y citó a indagatoria al exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray, a quien le prohibió la salida del país.
En su resolución, el magistrado también procesó a Martín Báez, hijo del empresario; a César Fernández, quien figuraba al frente de la financiera SGI; a Fabián Rossi, exmarido de la vedette Ileana Calabró; a Walter Zanzot, presidente de la empresa de taxis aéreos Top Air; y al hijo del contador de Báez, Sebastián Perez Gadin.
Las imágenes de los videos de «La Rosadita», donde varios de los imputados contaban millones de dólares en efectivo, fueron determinantes para construir la acusación: Báez habría lavado mediante la financiera SGI plata de la evasión fiscal de Austral Construcciones, por lo que Casanello investiga una maniobra con facturas apócrifas que involucraría a la AFIP, por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico.
En la misma resolución, el titular del Juzgado Federal 7 trabó embargo a Lázaro Báez y al resto de los imputados por cien millones de pesos cada uno, salvo a Sebastian Perez Gadín, cuyo embargo fue por 1 millón de pesos.
A su vez, el juez Casanello dispuso el congelamiento de cuentas y ordenó la captura nacional e internacional de Jorge Chueco «a fin de recibirle declaración indagatoria»: se trata del abogado vinculado a Báez que se encuentra desaparecido desde hace varios días, por lo que era intensamente buscado en Misiones, donde fue visto por última vez, aunque se sospecha que podría haber cruzado la frontera a Brasil o Paraguay.
Remarcando la necesidad de recuperar activos, Casanello ordenó el secuestro y embargo de los vehículos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma «Top Air», como así también la inmovilización y congelamientos de todos los fondos de sus cuentas bancarias.
Buenos Aires, NA.
