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Con el objetivo de impedir el ingreso de delincuentes a la Argentina, el Gobierno anunciará hoy que, a partir de ahora, los extranjeros que quieran radicarse en la Argentina tendrán que presentar un certificado de carencia de antecedentes en los últimos 10 años. Así, el Gobierno busca establecer un mayor control sobre los inmigrantes.
Se trata de una respuesta a los últimos casos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros y un paso más en el plan que puso en marcha la Casa Rosada para ordenar lo que considera un «descontrol migratorio».
Sin el certificado que acredite que el postulante no tiene antecedentes en la última década, no podrá avanzar en el trámite migratorio.
En los últimos tres años, la Dirección de Migraciones, a cargo de Horacio García, otorgó 680.0000 radicaciones, una cifra récord. El ranking lo encabezan los ciudadanos de nacionalidad paraguaya, boliviana y venezolana. Es por eso que para establecer un mayor control migratorio el gobierno nacional decidió avanzar con el nuevo requisito para las futuras solicitudes.
Hasta ahora, aquellos que iniciaban el trámite para solicitar la residencia permanente debían presentar un certificado que acreditara que no registraba condenas anteriores ni procesos penales «emitidos por las autoridades competentes de los países donde hayan residido por un plazo superior a un año, durante el transcurso de los últimos tres años».
«El objetivo es que todas las personas que vengan a la Argentina no tengan condenas previas que queden ocultas por la legislación de cada país. La Argentina ofrece la verdad al mundo y queremos reciprocidad», dijo García en diálogo con LA NACION. El encargado de la presentación que se realizará esta tarde en la Casa Rosada será el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que estará acompañado por el secretario político del Interior, Sebastián García De Luca, y por Toto García. El Gobierno busca con esta resolución impedir el ingreso de personas involucradas en delitos y al mismo tiempo optimizar los controles migratorios en los pasos internacionales. La norma está regulada bajo los criterios de la ley de migraciones que se sancionó en 2003.
La ley establece el principio de reciprocidad entre los Estados de acuerdo con los criterios del derecho internacional, pero hasta el momento no se aplicaba. Otro de los motivos para solicitar los antecedentes de los últimos 10 años es que en algunos países los certificados no incluyen los registros de delitos cuando se han cumplido las condenas o ha transcurrido cierto período.
Según fuentes oficiales, de haberse conocido determinado antecedente o condena o requerimiento judicial o de fuerzas de seguridad, posiblemente a muchos delincuentes se les habría impedido el ingreso a la Argentina y nunca hubieran podido cometer delitos en nuestro territorio.
El Gobierno aprovecha la instalación de la agenda de seguridad para insistir en la aplicación de un programa más extenso. Ahí incluye la posible expulsión del país de unos 1000 extranjeros acusados de cometer delitos. Además, se está trabajando en la creación de un fuero migratorio que acelere los procesos de deportación y de una fuerza especializada que se encargue de la búsqueda de los inmigrantes. Con la campaña electoral en marcha y ante una economía deprimida, el Gobierno buscará mostrar resultados positivos en otras áreas, en especial en seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el control de la calle.
Según datos oficiales, el 83 por ciento de los 660.000 extranjeros que se radicaron en la Argentina en los últimos tres años lo hicieron en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense.
