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El Gobierno mantiene firme su política de desvinculaciones y ruptura de contratos, heradados de la gestión anterior.
Este viernes se conocieron más de 600 nuevos despidos, que se produjeron en el Ministerio de Cultura (494) y en la Casa Rosada (124).
De acuerdo con datos aportados por el gremio estatal ATE, ya fueron dados de baja cerca de 7.800 empleos en todo el país.
La cifra incluye a trabajadores nacionales, provinciales y municipales. El relevamiento de ATE, distingue, además, a cerca de 4.800 personas que fueron despedidas, pero que luego fueron reincorporadas tras comprobarse su verdadera condición laboral.
También se destacan 2.600 casos que están en observación y a la espera de una definición. De ese total, 600 son empleados públicos de Santa Cruz.
Reacción
Este viernes, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) dispuso el estado de alerta y movilización por los despidos de cientos de trabajadores contratados, en los organismos dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación.
A modo de réplica, los trabajadores desvinculados, con el apoyo de agrupaciones kirchneristas, se movilizaron a la Plaza de Mayo para exigir un freno a los despidos.
Tras confirmar la medida adoptada por el gremio en defensa de las fuentes laborales, el secretario de Publicaciones de UPCN, Rodrigo de Echeandía, dijo que no podía «informar con precisión la cantidad de despedidos».
«Aun no sabemos -añadió- si son 300, 400 o 500 como indican algunas versiones, porque estamos trabajando puntualmente en la información a través de los delegados en cada organismo», según La Nacion.
Tras señalar que «la mayoría de los trabajadores a los que se dio de baja son contratados desde 2015», De Echeandía precisó que «también hay trabajadores que estaban contratados desde hace más tiempo».
En la cúpula de ATE, en tanto, temen que en marzo se profundice la situación. El líder nacional de los estatales, Hugo Godoy, convocó para el miércoles próximo a los secretarios generales de todo el país a fin de acordar una medida de fuerza.
Según trascendió, se resolvería un paro nacional con movilización para la segunda semana de febrero y buscarían el apoyo de las centrales obreras.
«Vamos a unificar las peleas por los despidos y por las paritarias: no pensamos en discutir solamente para conservar la fuente de trabajo cuando hubo una devaluación del 40%, la inflación sigue en alza y suben las tarifas de los servicios», advirtió Godoy.
Desde la CGT de Hugo Moyano hubo una advertencia por los despidos y la falta de estadísticas. En un documento, el líder camionero habló de una «explosión de precios», para referirse a la inflación; de una «saga de malas noticias para los trabajadores», cuando mencionó los ajustes en las tarifas de los servicios públicos y la cancelación de contratos laborales.
Paralelamente, las dos CTA también expresaron su preocupación por los despidos y mediante sus referentes, Pablo Micheli y Hugo Yasky, ya avisaron que se plegarán a los futuros reclamos de los empleados estatales.
Desde el Gobierno reconocieron que seguirán poniendo la lupa en los nombramientos de empleados públicos que hizo el kirchnerismo en los últimos años. Evaluarán 64.000 contratos temporarios más unos 11.000 concursos públicos.
En marzo, por lo pronto, deberá definir la situación de miles de trabajadores que tenían contrato hasta el 31 de diciembre pasado, pero a quienes se les extendió por tres meses más su vínculo.
Fuente: Iprofesional.
