Para conocer en detalle la situación de gran parte de las áreas del Estado, la gestión de Mauricio Macri está convocando a las mayores firmas de auditoría que hay en el país, más allá de las tareas que cumplan los organismos de control del Estado.
Según pudo saber PERFIL, están sondeando a las llamadas big four, KPMG, Deloitte, EY, PWC, y también a otras firmas como el estudio Lisicki Litvin & Asoc. y BDO. A estas firmas que habitualmente tienen relación con el ámbito público en certificación de balances se les pedirá ahora colaboración en análisis de la gestión, es decir qué se presupuestó, cómo se ejecutó y bajo qué condiciones, para luego tomar medidas.
Buscan un diagnóstico rápido con objetivos concretos y con áreas de preocupación muy específicas, y complementario de los pedidos que recayeron en la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo que rige el sistema de control interno encargado de organizar estas actividades en el sector público, y la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo con autonomía funcional que asiste técnicamente al Congreso.
Para las compañías, será un trabajo extra en una actividad que normalmente se reparte el 50% en revisiones de empresas privadas y estatales y el resto corresponde a servicios de asesoría de diverso tipo.
Los entes bajo análisis van desde el Senado de la Nación, la agencia Télam y las empresas estratégicas Enarsa y Aerolíneas Argetinas, Autopistas Urbanas AUSA, hasta la empresa de aguas de la provincia ABSA, Edesur, Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. También el Centro Cultural Néstor Kirchner, Tecnópolis aunque en este caso está dentro de las tareas que se encargaron a la Sigen, que ya tiene a su cargo además de los ministerios, empresas estratégicas como Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio, el Plan Qunita y PAMI, entre otros.
Ricardo De Lellis, CEO de KPMG, expresó: “Una auditoría tiene como objetivo saber dónde uno está parado, y en el sector privado se busca ayuda a los organismos de control, con análisis más especializados, por ejemplo si todos los empleados son efectivos, si los activos se corresponden con los inventarios, cuál es la seguridad de los sistemas de información, entre otras cuestiones”.
Tres años. Otros especialistas aseguraron que se intenta verificar los contratos de al menos los últimos tres años, cuáles fueron las empresas que cerraron acuerdos con cada una de las reparticiones públicas. También deberán revisar si se trata de compañías que tienen trayectoria en el sector o si se crearon justo antes de ser contratadas. Les piden que detallen cómo realizaron las licitaciones, si existen lazos de parentesco o de tipo comercial entre funcionarios y empresarios y por supuesto si se eligió la propuesta más conveniente para el Estado o se pagaron sobreprecios. Los especialistas subrayan que el mayor problema con que puede encontrarse un auditor es la falta de datos. “Sin información todo puede extenderse”, añaden.
Por otro lado, la UBA aportará un grupo reducido de especialistas que comenzará a trabajar en febrero, para dar respuesta a la urgencia de funcionarios que deben poner en marcha sus dependencias.
*Nota publicada en la edición impresa del Diario Perfil
