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Las empresas distribuidoras y transportistas de gas discutirán esta semana en tres audiencias públicas el porcentaje de aumento que recibirán desde abril, junto a una nueva metodología para estabilizar las facturas y que no haya grandes diferencias entre los meses de otoño-invierno (con mayor consumo) y primavera-verano.
El ajuste en las facturas, contando cada subdivisión (lo que se paga a las productoras y lo que va a transportistas y distribuidoras) será cercano a un 40%, con lo que acumulará entre un 80% y un 100% interanual, ya que las anteriores actualizaciones fueron en abril y diciembre pasados.
De esta manera, las empresas terminarán de recomponer en un año y medio casi la totalidad de los ingresos que el Gobierno anterior no les permitió actualizar durante una década y media. Para que no se vuelvan a atrasar, desde abril habrá incrementos semestrales en base a la inflación y se continuarán reduciendo los subsidios hasta octubre de 2019 en todo el país, con excepción de la Patagonia, donde el camino termina a fines de 2022.
Las audiencias, convocadas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), empezarán mañana en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, con la participación de Transportadora de Gas del Sur (TGS), Camuzzi Gas Pampeana -atiende provincia de Buenos Aires- y Camuzzi Gas del Sur -Patagonia-. Allí, además de la agenda de precios, se tratará la posibilidad de construir un gasoducto Mercedes-Cardales, que será financiado por los usuarios.
Aunque el temario y la lista de participantes es amplia y las audiencias suelen durar casi todo el día, tal como reconocen fuentes del sector y critican asociaciones de defensa de consumidores, las presentaciones son una «mera formalidad», ya que los porcentajes están definidos de antemano y apenas se revisa la inflación pasada.
La realización de las audiencias permanentes es la forma que encontró el Gobierno de cubrirse ante eventuales fallos judiciales negativos, como el de la Corte Suprema en agosto de 2016 que frenó el tarifazo y ordenó realizar aumentos graduales con previas audiencias públicas. Sin embargo, lo discutido en estos actos no es vinculante.
Por otro lado, la intención de estabilizar las facturas surge meses después de que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, decidiera partir en cuatro los pagos de las boletas de invierno, cuando los consumos se dispararon en la antesala de las elecciones y un salto feroz en los precios podría haber incidido negativamente.
Cómo resolver el amplio diferencial en la demanda invernal contra la estival es uno de los temas que preocupa al sector, ya que el desarrollo de Vaca Muerta es riesgoso sin tener un mercado desarrollado para colocar el gas en verano y sin países vecinos que compren el fluido sobrante.
Las distribuidoras pedirán aumentos de entre un 33% y un 43%. El valor que cobran junto a las transportistas es de un 28%, en tanto que el precio del gas compone el 44% de la boleta. El gas en boca de pozo, justamente, pasará de un promedio de u$s 4,19 por millón de BTU a u$s 4,68 (11,7%), aunque las categorías de menor consumo verán un salto de u$s 3,17 a u$s 3,83 (20,8%). Desde abril, el Estado se encargará de subsidiar solamente el 31% del precio del gas mayorista.
Fuente: El Cronista
