El carácter estratégico obliga a una planificación básica por parte del Estado, aunque más no sea para crear reglas para que los privados se desempeñen.
La integración vertical se da segmentos comerciales específicos y, cuando está aceitada, es ejemplo de diversificación virtuosa, donde cada eslabón le agrega valor a su antecesor, donde se multiplican la generación de puestos de trabajo calificados y la incorporación de tecnología (para que el sistema avance armónicamente) y las inversiones productivas y en capital (para obtener escala en el volumen, crítico para competir y sobrevivir).
Nada indica que transportar internacionalmente lo producido sea una actividad excluyente del empresariado o las alianzas público-privadas argentinas. Salvo por el hecho de que el diálogo no está maduro, y las capacidades de los protagonistas están oxidadas.
Una idea parcial del escenario actual (si se quisiera jugar en esa liga) lo brinda el último Review of Maritime Transport, de la Unctad, que analiza sobre todo el mercado de línea (los servicios marítimos de buques portacontenedores): tres líneas mueven el 34% del comercio marítimo; y las 10 primeras son dueñas del 61%. La concentración es brutal: mientras la capacidad de transporte de cada línea se triplicó en los últimos 10 años, la cantidad de compañías que prestan servicios se redujo en un 29%. La industria liner tiene variables de mercado bien definidas y conocidas. Los protagonistas apostaron hace tiempo a la construcción de buques con mayor capacidad y, en simultáneo, a una reducción en la cantidad de escalas.
¿Cuánto debe esta realidad preocupar e impactar en la planificación nacional? Mucho, en lo que es la gestión de sistemas portuarios, que debe «copiar» la evolución de la industria marítima.
Pero en lo que es el negocio de transporte marítimo internacional, los contenedores son ajenos a las posibilidades del país: apenas un puñado de importaciones.
Distinto es el caso de los graneles. Allí es donde el país tiene una masa marítima que justifica, al menos, una exploración de agenda público-privada. (Por Emiliano Galli; La Nación)
