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El Gobierno disminuirá el subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), informó la Secretaría de Transporte.
La decisión se tomó, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei.
“La Secretaría de Transporte ha decidido terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de jurisdicción nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar”, señaló el área dependiente del Ministerio de Infraestructura en un comunicado.
Agrega que “esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas”.
A partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del AMBA.
Transporte subrayó que “estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y gobierno nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”.
Por otra parte, aclaró que “las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el atributo social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE”.
“Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público”, precisó la Secretaría, que destacó que “la decisión del Estado nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”. (Télam).
