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Entre otros puntos el documento propone la sanción de un “proyecto de fleteros” ideado para modificar el estatus jurídico de los trabajadores de esa actividad –pasarían de empleados a autónomos- de modo tal de abaratar el costo de su desvinculación, un ítem que estaba contemplado en el proyecto original de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso en la gestión de Jorge Triaca en Trabajo. En este caso el Ministerio de Producción y Trabajo también se desligó de la iniciativa.
El texto también apunta a la necesidad de crear un “banco de horas” para redistribuir la jornada laboral, a imagen y semejanza de la propuesta que el Gobierno había ensayado en la industria textil y de la indumentaria, y que chocó luego de que los gremios de la actividad, junto con parte de las propias empresas, contestaran a coro que no estaban dispuestos a pactar en semejantes términos. En el mismo sentido se menciona el establecimiento de la jornada reducida en el transporte con la quita del pago adicional por comida.
Otros capítulos destacan la incorporación a la actividad de elementos “que ha aportado la tecnología” como telefonía celular, tablets o palas mecánicas que no estaban previstos en la firma del convenio vigente, de 1989. También propone agregar la categoría de “aprendiz” al estatuto legal. Más adelante el texto señala que en la actualidad todos los trabajadores “perciben un adicional fijo por cada día de vacaciones gozadas” y que la mesa de negociación podría acordar la eliminación de ese concepto.
Hacia el final del documento de trabajo que debatió ayer Camioneros figura un ítem que constituye una de las principales banderas de la familia Moyano: el pago de indemnizaciones a trabajadores que, sin interrumpir su continuidad laboral, pasan de una empresa a otra. Se trata de una práctica que en el gremio se hizo habitual en las compañías prestatarias del servicio de recolección de residuos, sobre todo al momento de los llamados a nuevas concesiones. En esas instancias las empresas suelen adecuarse a los nuevos estándares e incluso cambian su razón social o promueven asociaciones con otros prestadores. Ante esas modificaciones Moyano, con el aval principal de Mauricio Macri durante su gestión como jefe de Gobierno porteño, gestionó que se pagaran liquidaciones a los choferes como si hubiesen sido despedidos aunque de inmediato pasaban a revistar para otra empresa.
Con más conflictos el sindicato también logró aplicar ese criterio en algunas otras actividades como la distribución de aguas gaseosas. Según los papeles discutidos ayer la idea del Gobierno es eliminar esa práctica. De igual forma se rechazaron también eventuales cambios en el adicional por antigüedad, en el pago de viáticos por cruce de fronteras, en los extras que perciben los camioneros que se desempeñan en zonas desfavorables y en el bono que suele negociar la organización con la principal cámara empresaria, Fadeeac, cada fin de año.
Fuente: Ambito
