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La Argentina busca consensos internacionales para regular en parámetros sostenibles la actividad pesquera al sur de las Islas Georgias del Sur, donde la ocupación ilegal del Reino Unido otorgó permisos para pesca de merluza negra sin el necesario acuerdo de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), mientras que en simultáneo trabaja para armonizar la pesca de krill al norte de la Península Antártica con el proyecto de Área Marina protegida que impulsa junto a Chile para esa región.
Diplomáticos y científicos argentinos viajaron en noviembre a la ciudad australiana de Hobart, sede de la CCRVMA, para participar de la 41º reunión de ese mecanismo multilateral creado para proteger la biodiversidad de las aguas antárticas y sus adyacencias.
Ese encuentro fue el primero en el que las delegaciones de los 26 países miembros, la Unión Europea y los 10 adherentes volvieron a verse cara a cara después de dos años de gestiones virtuales a causa de la pandemia de Covid-19.
En ese ámbito, la Argentina trabaja para proteger los stocks de merluza negra en el Atlántico Sur, afectados por la decisión unilateral del Reino Unido de otorgar permisos de pesca en aguas sobre las que los reglamentos de CCRVMA no le reconocen derechos soberanos y en donde el consenso del resto de los integrantes de este mecanismo multilateral es el de evitar la actividad pesquera sin establecer antes medidas de protección para la biodiversidad marina.
El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, afirmó en diálogo con Télam que «lo que en estos momentos sucede con la pesca de merluza negra al sur de las Islas Georgias es un episodio que da cuenta de la situación crítica de CCRVMA como ámbito multilateral porque estamos ante una flagrante violación de este mecanismo por parte del Reino Unido».
