El informe final de la Bicameral investigadora del hundimiento del submarino ARA San Juan, revelado este jueves, señaló «responsabilidades compartidas» de los altos mandos de la Armada y endilgó al Ministerio de Defensa «un inadecuado manejo de la emergencia durante las horas críticas» posteriores a la desaparición de la nave.
Los integrantes de la Bicameral parlamentaria sostuvieron en su informe final de 170 páginas, que el origen del hundimiento fue «una avería producida el 14 de noviembre de 2017, a las 23:42 por el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación» que «originó un principio de incendio en el balcón de barras de baterías del tanque de baterías número 3».
Ese incendio, según el reporte en el que se recabaron medio centenar de testimonios, fue el que provocó la «implosión» posterior del ARA San Juan, hallado a 900 metros de profundidad un año después de su hundimiento.
Durante le lectura de un resumen del informe, el presidente de la comisión, José Ojeda, habló de «responsabilidades compartidas» y «no de un sólo autor» de lo ocurrido en el submarino hundido en el océano Atlántico sur, frente a las costas argentinas, con 44 tripulantes a bordo.
Aseguró que hubo «una minimización de toda la cadena de mando» de los hechos y «un manejo inadecuado de la emergencia en las horas críticas».
El texto, que fue suscrito en disidencia por los cuatro miembros del oficialismo, endilgó responsabilidad política al Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, en el manejo de la crisis y en un supuesto «retaceo» y «falta de contención» a los familiares de las víctimas en las horas posteriores a la pérdida de contacto con el submarino.
Dirigentes del oficialismo rechazaron esa acusación al señalar que el ministro Aguad no solo desplegó un operativo de proporciones para dar asistencia a los familiares sino que concurrió dos veces a dar informes a la comisión, donde respondió el interrogatorio de los legisladores y las recriminaciones de los familiares de las víctimas, «sin ningún tipo de restricción».
El informe parlamentario también responsabilizó al Comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, al que acusó de no haber «asumido la gravedad de la avería» ni «evaluó correctamente sus implicancias» así como tampoco «alertó a su superior».
Los legisladores también señalaron al entonces jefe del Estado mayor de la Armada Marcelo Srur al indicar que «recibió información en forma tardía y no transmitió al poder político en forma detallada y completa».
El resto del informe, que es el corolario de un año y medio de audiencias de la comisión pero que no tiene correlato con la causa penal ya que sólo menciona las responsabilidades políticas, añadió las deficiencias presupuestarias y de capacitación de los miembros de la Armada.
Según Ojeda, quien leyó un resumen del informe en el Congreso, escoltado por todos los miembros de la comisión, hubo «numerosos obstáculos» y «escasa colaboración» del jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo de la investigación penal para dilucidar las responsabilidades políticas del caso, así como del poder político.
El diputado oficialista Luis Petri (Cambiemos) cuestionó en diálogo con Télam que durante un año «se le haya exigido sin razón una premura» a la comisión Bicameral que establezca responsabilidades cuando en la causa penal no se determinó aún ninguna responsabilidad penal.
El informe mencionó «un sinnúmero de factores» como desencadenantes del naufragio en el que 44 tripulantes perdieron la vida en aguas del mar Argentino, cuando el submarino cubría el trayecto de Ushuaia a Mar del Plata, el 15 de noviembre de 2017.
Fuente: Ambito
