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El Gobierno y la CGT darán hoy el primer paso formal hacia la definición conjunta de un proyecto de ley sobre blanqueo laboral. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recibirá esta tarde al triunvirato de líderes y a la mesa chica de la organización para explorar entendimientos en ese aspecto y también sobre un posible relanzamiento de las pasantías (o «prácticas formativas», como gustan llamarles los funcionarios) y en eventuales acuerdos sectoriales como el de los petroleros para Vaca Muerta. Será un nuevo paso luego de la reapertura del diálogo bilateral tras la decisión de la central sindical de descartar un plan de lucha.
En discusiones informales de los últimos días Triaca y los dirigentes gremiales alcanzaron consensos en varios puntos del eventual blanqueo: el objetivo será redondear una iniciativa que deberá incluir una amplia condonación de multas y punitorios para los empleadores que tuviesen personal no registrado y un reconocimiento por parte del Estado de parte de los años de aportes no practicados por los trabajadores en situación de informalidad. Sobre esa base surgirá un proyecto parlamentario para ser discutido por el Congreso después de las elecciones de octubre y antes de fin de año con el necesario aval del sindicalismo como guiño a los bloques del PJ.
Con esas coincidencias los negociadores de uno y otro sector acordaron avanzar a partir de la reanudación del diálogo. Como paraguas se pactó que no se hablará de una «reforma laboral» en el sentido integral del término sino apenas de iniciativas puntuales sobre aspectos en los que exista consenso para introducir modificaciones legislativas o normativas.
En ese sentido Carlos Acuña, uno de los triunviros de la CGT, dijo ayer que esa organización «no va a permitirle al Gobierno» llevar adelante una reforma laboral. En diálogo con radio El Mundo advirtió que de aplicarse una reforma como la instrumentada en Brasil «se van a perder un millón de puestos de trabajo». Durante el fin de semana, su colega del triunvirato Héctor Daer indicó que sería «una locura» que el Ejecutivo planteara avances sobre aspectos considerados intocables por la central, como la negociación colectiva, la seguridad social (el esquema de obras sociales) y el modelo sindical vigente.
Fueron avisos destinados a sus representados. Ni los sindicalistas ni el Gobierno prevén un avance sobre los tópicos innegociables, al menos en el corto plazo. El propio Triaca aclaró ayer que no se intentará modificación alguna sin previo consenso con la CGT. De hecho, fue Acuña, el mismo que advirtió ayer al Gobierno, el encargado de organizar el encuentro de hoy con el ministro de Trabajo.
El acuerdo más avanzado es sobre el blanqueo laboral, una iniciativa que figuraba al tope de las del equipo de Triaca desde el inicio de la gestión. Como había anticipado este diario el año pasado, el secretario de Empleo, el exTechint Miguel Ponte, elaboró los puntos centrales de la iniciativa que contemplará, en lo central, un perdón prácticamente total a los empleadores por los años de contratación irregular de personal.
Ayer en Trabajo y en CGT confirmaron esa decisión y dijeron que también están avanzadas las conversaciones para la aplicación de fondos públicos para la cobertura de una cantidad limitada de aportes no realizados por los trabajadores informales que deberían ser registrados a partir del blanqueo. Una de las opciones era que el Estado cubriera como reconocimiento el equivalente a tres o cuatro años de aportes impagos por un monto simbólico igual al salario mínimo, vital y móvil. Sobre esa línea se mantuvieron las conversaciones de la central con Triaca y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Los reparos a subsanar parten, por ahora, de la línea más financiera del Gobierno encarnada por los ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo, y por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Para convencerlos, el «ala política» buscará hacer un proyecto de ley lo más restrictivo posible para evitar la intrusión del kirchnerismo y la izquierda con eventuales retoques de mayor costo fiscal.
Creen los funcionarios y los sindicalistas que, si el Gobierno acepta aplicar un blanqueo bajo esos parámetros, habrá un efecto concreto de formalización de trabajadores al garantizar que los empleadores no tendrán costo alguno.
Para la CGT es vital retomar el diálogo con el Ejecutivo y mostrar voluntad de ceder en algunos puntos reformistas a cambio de sostener otros pilares más sensibles, como la denominada integralidad de la negociación de convenios colectivos (un acuerdo nacional con preeminencia sobre cualquier pacto local o de empresa) y la ultraactividad, es decir el sostén de los acuerdos laborales mientras no sean reemplazados por un nuevo entendimiento. El otro pilar es el financiamiento de las obras sociales sindicales, que volvió a quedar sometido al arbitrio político luego de que fuese eyectado del Gobierno el funcionario que había propuesto la CGT para monitorear esa tarea.
Fuente: Ambito
