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Las energías limpias traerán nuevo impulso a la economía. A la subasta por 1000 MW de generación eólica, solar, biomasa y minihidroeléctricas lanzada por el Gobierno a fines de julio, deberán sumarse otras tantas licitaciones anuales por una potencia similar durante la próxima década, a fin de cumplir con la Ley de Energías Renovables. La normativa, aprobada por mayoría del Congreso el año pasado, establece que 8% de la matriz eléctrica nacional sea aportada en 2017 por fuentes renovables, y alcanzar el 20 % en el 2025. Hoy, esa proporción apenas alcanza al 2%, según datos del Ministerio de Energía.
Para incentivar las inversiones en el sector, la Ley de Sinceramiento Fiscal dispone en forma explícita que los fondos exteriorizados que se inviertan en proyectos de infraestructura y energías renovables no deberán pagar el impuesto especial (10 a 15% del monto ). «Estas inversiones podrán canalizarse a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI), abiertos o cerrados, que deberán ser aprobados por la Comisión Nacional de Valores», destacó el contador Miguel La Vista, socio del estudio La Vista Casal. Una vez estructurados, los FCI podrían establecer planes de inversión con diversidad de mecanismos. Y la ventaja que tienen los inversores, en este caso, es la de diversificar sus opciones, acudiendo a especialistas en los fondos comunes. «Más allá del beneficio particular del contribuyente que exterioriza sus bienes, la posibilidad de financiar las energías limpias a través de estos fondos es una herramienta financiera que se agrega a los beneficios fiscales y regulatorios previstos por la Ley 27.191 de fomento a las energías renovables», señalaron desde la Comisión de Asuntos Legales y Tributarios de la Cámara de Energías Renovables (Cader).
El blanqueo es «una oportunidad de conseguir fondos para esta actividad que es capital-intensiva», destacó Juan Bosch, presidente de Saesa, comercializadora de energía para el sector comercial e industrial. «Hemos visto gran interés. Mantenemos reuniones con actores del mercado financiero que nos solicitaron colaboración para estructurar los FCI», destacó.
Los pliegos de licitación incluyen un certificado fiscal para los desarrolladores que en sus proyectos acrediten un porcentaje de integración de componentes nacionales del 60 %. Además, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 882, el Poder Ejecutivo habilitó u$s 1700 millones en beneficios impositivos a las adjudicatarias del programa RenovAr 1 y dispuso la emisión de Letras del Tesoro por otros u$s 3000 millones para garantizar la operatoria de compra y venta de energía limpia.
La jugada apuntaría a asegurar un paquete de inversiones por u$s 1500 millones, según las expectativas oficiales, y complementar la garantía del Banco Mundial, que quedó establecida en u$s 500 millones para la finalización de las obras.
La avidez por conocer los mecanismos para direccionar el blanqueo de fondos hacia las energías renovables quedó manifestada durante un reciente seminario sobre «Oportunidades de Inversión del programa RenovAr», que se realizó el 12 de agosto en la Universidad de San Andrés.
Participaron representantes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), empresas miembros de la Cámara de Energías Renovables (Cader), y el CEO de Enel (Edesur), Mauritzio Bezzecchi, quien aseguró que su compañía observa con atención el resultado de la licitación recientemente lanzada para el programa RenovAr. «La apuesta es que esta licitación tiene que salir bien, y luego en las siguientes van a ser más fáciles. Es un mercado cuya demanda crecerá al 35% anual y las renovables serán la energía más económica que desplace a las fuentes más convencionales», vaticinó.
Fuente: Cronista.
